En este espacio varias veces hemos destacado las cifras de pobreza e indigencia que evidencia, tristemente, la sociedad argentina. Sin embargo, las frías estadísticas no logran patentizar el drama que viven los integrantes de esos grupos sociales.
Uno de los números oficiales que más duele es aquel que indica que la demanda de la Red de Banco de Alimentos de la Argentina, la ONG que busca reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos, se incrementó en un 200% durante los meses de pandemia, a la vez que también aumentó un 5,5 por ciento el índice de pobreza en el país, según consignó días atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según datos oficiales, en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de comida al año. Esto es que más de un kilo de alimentos diario por persona no es aprovechado por nadie en nuestro país. Las pérdidas ocurren desde el momento de la producción, cosecha y almacenamiento hasta llegar a la distribución, comercialización y consumo de esos nutrientes.
La situación ha llevado históricamente a que diversas entidades trabajen en pos de rescatar esos alimentos y entregarlos a quienes más lo necesitan. Los denominados “bancos de alimentos” vienen desarrollando la loable tarea de recolectar productos alimenticios del sector industrial –fundamentalmente distribuidoras y supermercados– y destinarlos a organizaciones que brindan una prestación alimentaria, ya sean jardines maternales, merenderos, centros de apoyo escolar o parroquias.
Un dato no es menor en la problemática: por cuestiones legales (que podrían derivar en una eventual responsabilidad por daños y perjuicios) muchas empresas prefieren tirar los productos en lugar de donarlos a aquellos compatriotas que lo necesitan, mucho más en situaciones como la actual.
“Redistribución” es un concepto clave aquí. Lo mismo que ocurre en otros aspectos de la realidad nacional y que, por no aplicarse, la tornan injusta por definición.
