Buscan garantizar derechos y garantías de las víctimas de delitos

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia, que preside Jorge Difonso (FR-UP), inició el análisis de un proyecto impulsado por los diputados Daniela García y Adrián Reche (UCR) por el que se propone modificar los artículos 108 y 10 e incorporar el 512 bis en el Código Procesal Penal de Mendoza, de acuerdo a los principios rectores de la ley 27372 de Garantías y Derechos de las personas víctimas de delitos.
De esta manera, la propuesta en estudio, a la que se le acumuló una similar de Marcelo Aparicio (FdT-PJ), dispone que “se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito o al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.
Sostiene al respecto que la víctima tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso, a ser informada verbalmente sobre el estado de la causa y sobre la situación del imputado, como así también a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación. De igual forma, a la protección de su integridad física y moral, a ser asistida en forma especializada y a no tener contactos innecesarios con el imputado, entre otros.
Una de las características que se incorporarían sería “notificar a las personas de resoluciones que se den, por ejemplo, cuando la persona que había cometido el delito sale del contexto de encierro, para que se informe a la víctima que esa persona está por salir en libertad. Esto si bien muchas veces se hace, no está en nuestra norma”, afirmó la diputada García.
Al mismo tiempo, y entre otros cambios normativos, se modificaría el artículo 10 del Código Procesal Penal respecto a la constitución del querellante. “Acá se amplía, dando la posibilidad de que sea una ONG, entre otras”, señaló la legisladora, y agregó que “estas modificaciones se hacen también en función de los casos de género”.
La iniciativa continuará en estudio en la comisión, para lo cual se realizará una ronda de consultas con especialistas en la temática.