En general, las crisis económicas que cíclicamente atraviesa nuestro país hacen olvidar algunas enseñanzas que el entorno y la propia experiencia nos dictan. Así, en el marco de la famosa –y en algunas ocasiones injusta– dicotomía de estar obligados a elegir entre lo urgente y lo importante, muchas decisiones que toman nuestros dirigentes en momentos críticos como este apuntan a superar la coyuntura y, en ese menester, suelen olvidar aspectos sociales que resulta imprudente soslayar.
Uno de ellos parece ser la educación. La tarea educativa contemporánea se enfrenta al desafío de portar una doble condición: ser inclusiva y de calidad. De esta forma, el derecho a la educación implica acordar y diseñar estrategias para promover el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes con el objetivo cumplido de haber logrado una formación sólida. Pero, además, en un escenario social con más del 37% de los habitantes bajo la línea de pobreza, los establecimientos educativos muchas veces deben lidiar con tareas “extra educativas”, tales como alimentar a sus alumnos o intentar solucionar inconvenientes sociales que los mismos traen desde el exterior.
La condición social y económica, los medios de transporte, la alimentación, el desempleo en el seno familiar y las malas condiciones de salud son las principales causantes del ausentismo y abandono escolar. Por ello, cuando se habla de rendimiento o de resultados escolares (y de las pruebas que muchas veces los Estados impulsan), no hay que olvidar la condición general previa que cada alumno enfrenta en su vida fuera del establecimiento.
Unicef señala en un informe que para «aprender se debe tener el cerebro sano, y para eso, es fundamental la buena nutrición con las cuatro comidas diarias”. Las cifras de nuestra crítica actualidad económica muestran a las claras que esa base de sustentación muchas veces no es alcanzada por nuestros niños y jóvenes estudiantes. Y sin esos cimientos, difícil es construir una sociedad educada y un país desarrollado.
