La Justicia condenó a Mauricio Albornoz y Analía Domínguez por el homicidio de Silvia Chávez, en un fallo que marcó un antecedente en el tratamiento de delitos violentos. El jurado popular los encontró culpables el 14 de marzo y el juez Julio Bittar dictó la condena el jueves pasado. El magistrado le impuso 20 años de prisión a Mauricio Albornoz y 12 a Carina Domínguez. La investigación, iniciada en 2022, llevó a esclarecer el crimen y a determinar las penas que ambos deberán cumplir.
El fiscal Javier Giaroli, quien intervino como querellante en el caso, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 la importancia de su función en este proceso. “La legislación local dice que la víctima tiene derecho a su propio acusador, es decir, ser representado por su propio abogado en una investigación penal, y cuando no tiene los recursos para ello y es un delito muy grave como un homicidio, el Estado le provee la posibilidad de que sea asistido por un funcionario público”. “Como acá en el sur no existe la oficina del querellante, lo que suele hacerse es designarse un fiscal de instrucción para que represente a la víctima, en este caso al viudo de la víctima”, dijo Giaroli.
La investigación comenzó en 2022 como una causa por paradero. “Yo comienzo la investigación en noviembre con un paradero que se inicia de oficio. Se transforma en una acusación por homicidio contra Mauricio Albornoz”, detalló Giaroli. Con el avance de las pruebas, se determinó la participación de Albornoz y Domínguez en el crimen, ex inquilinos de la enfermera Chávez.
Respecto a la sentencia, el fiscal señaló que “la condena estaba entre las pautas del artículo 40 y 41 del Código Penal, es decir, ellos arriesgaron una pena que iba de 8 a 31 años a ella y de 8 a 50 a él. Después se fijó entre estas pautas y es una condena bastante elevada, atento a las condenas que suele fijar el doctor Bittar. Debemos recordar que la determinación de la pena es algo tan discrecional que mucho tiempo se sostuvo que no era suficiente ni siquiera de recursos, es decir, que mientras la condena estuviera entre el máximo y el mínimo que establecía la ley, el juez era discrecional para asistir a una pena. Actualmente hay algunos primeros recursos durante este tipo de condena, por ejemplo, si no tuvo en cuenta algún agravante o un atenuante, pero para lo que es, las penas que se les hizo al doctor Bittar han sido bastante elevadas y en este aspecto bastante satisfactorias. Porque el juez técnico presenció todo el debate y escuchó toda la prueba que se le puso al jurador y es la misma prueba que se solicita tener en cuenta al momento de asistir también”.
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la desaparición del cuerpo de Silvia Chávez, cuyo paradero exacto no se pudo determinar. “No, creo que eso no está lo suficientemente claro. La única prueba que hay de eso es un testigo de oídas, que no tiene mucho peso, y otro testigo de oídas, es decir, una persona escucha de otra persona que tampoco estuvo presente en el momento del hecho de qué es lo que habría ocurrido en el momento crítico de la muerte y desaparición del cuerpo de Silvia Chávez. El motivo por el cual hay que creer lo que dice ese testigo, porque hay muchos detalles muy concretos de la situación, sobre todo la presencia de estos armazones de la era de la que se habló mucho en el debate, que no había salido ni siquiera en la prensa”. “Lo que se infiere es que esta persona lo sabe porque lo contó alguien que tiene conocimiento del hecho. Sí está probado que la víctima tenía al menos dos armazones de heladera y en el lugar del hecho se encontró uno solo, que los tenía como cantero para las plantas y faltaba un segundo armazón o soporte o gabinete de heladera en el domicilio y lo que dice el testigo es que se las llevan en ese elemento
y que prendió fuego durante mucho tiempo y con cubierta en la zona de calle Tulio Angrimán.
Sobre la búsqueda del cuerpo, Giaroli expresó que “La doctora Arana hizo muchas medidas en el lugar, incluso se encontró una armazón de heladera, incluso con restos de cenizas en el interior. Lo que pasa es que es muy difícil cremar un cuerpo humano, salvo que se le ponga mucho empeño a ello, que de hecho es lo que habría ocurrido, porque si se colocan cubiertas, combustibles y otro tipo de material como leña. Durante varias horas se produce este fenómeno en el que únicamente se consiguen cenizas y que no se puede determinar ni siquiera si corresponde, si es de origen animal o vegetal”.
El caso de Silvia Chávez se suma a otros crímenes similares en Mendoza, donde las víctimas, mujeres en situación de vulnerabilidad, han sido asesinadas y sus cuerpos quemados. “Es un patrón que hemos visto en otras investigaciones”, sostuvo Giaroli.
En cuanto a las condenas, Albornoz fue declarado reincidente por tercera vez. “No solo fue condenado, sino que fue declarado reincidente por tercera vez, lo que implica que él no puede obtener ningún tipo de beneficio, es decir, debe cumplir la condena completa”.
Domínguez, en cambio, podría acceder a beneficios penitenciarios. “Ella podría acceder a libertad condicional cumpliendo las dos terceras partes de la condena”, explicó el fiscal. Además, mencionó que la acusada “está tratando de conseguir una morigeración, que es la ejecución domiciliaria, alegando que sufre muchos dolores por una fractura en el pie y que consume morfina”.
Sobre la posibilidad de que se presenten recursos contra la sentencia, Giaroli afirmó: “La Corte de Mendoza sistemáticamente ha rechazado todos los recursos contra sentencias dictadas por juicio por jurado”.
Un aspecto preocupante del caso fue la falta de respuesta ante las denuncias previas realizadas por Silvia Chávez. “La situación preocupante pasa por otro lado y es por la falta de recepción de denuncias en las comisarías”, subrayó el fiscal. Como consecuencia, dos efectivos policiales fueron sancionados. “Afortunadamente la Inspección de Seguridad tomó nota en el asunto, dos efectivos policiales fueron sancionados por no recibir estas denuncias”.
Giaroli explicó que “lo más grave que se había generado es una falsa sospecha sobre Lucía Chávez”, hermana de la víctima. “Esa falsa sospecha sobre la hermana podía provocar una duda sobre la acusación sobre Albornoz y Domínguez, es decir, podía llevar esta falta de tomar una denuncia, una consecuencia”.
En ese contexto, “creo que estuvo con corrección, hubo una falencia en una comisaría en no tomar la denuncia, pero la situación ya fue investigada por la Inspección de Seguridad y tuvo una resolución administrativa. Yo creo que eso no ha vuelto a ocurrir ni va a volver a ocurrir, toda persona del Ministerio Público sabe que los paraderos son sagrados, no se puede evitar tomar ninguna denuncia por paradero ni ponerle ninguna excusa, porque una persona desaparecida es un signo de interrogación, tiene una gran duda de qué está pasando con esa persona”, concluyó
