El reciente anuncio del Gobierno nacional respecto al aumento en las jubilaciones no solo deparó polémicas entre quienes consideran que la fórmula aplicada perjudica a los integrantes del sector pasivo y aquellos que opinan lo contrario, sino que volvió a poner en el centro de las discusiones el sistema previsional argentino en su conjunto. Y es que, más allá de formas de calcular los incrementos o diferencias en la filosofía distributiva de la riqueza entre quienes hoy son gobierno y oposición y hasta hace poco ocupaban los puestos inversos, lo que se pretende desentrañar es el misterio de cómo hacer sustentable el sistema.
En el marco de otra de las habituales discusiones bipolares –e infructuosas– que protagonizamos los argentinos, desde algunos sectores se sostiene que el sistema previsional es «insostenible» en las actuales condiciones porque «no alcanza con los aportes y contribuciones» para cubrirlo por el alto porcentaje de empleo informal y porque durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se incorporaron muchas personas que nunca aportaron al fondo común. En la vereda opuesta están quienes consideran que «la seguridad social es una decisión política que toma el Poder Ejecutivo cuando desarrolla el presupuesto» y que, siguiendo la lógica anterior, el Estado no debería tener a su cargo ninguna tarea que le genere “pérdidas” económicas, dejando así de brindar servicios de educación, salud, seguridad, etc.
Por estos días se discute mucho acerca de cuánto cobran nuestros jubilados, si la fórmula que se aplica para actualizar sus haberes es justa o injusta, si es mejor o peor que la que aplicaba el macrismo, y varias controversias más. En lo que todos parecen coincidir –al menos discursivamente– es en que una parte mayoritaria de la clase pasiva nacional no percibe el dinero suficiente para lograr una vida digna después de décadas de trabajo, registrado o no, con buenos o malos empleadores. Es allí donde debería centrarse la discusión para encontrar eventuales soluciones.
