Desde las primeras movilizaciones de 2024 hasta la quinta Marcha Federal Universitaria, el conflicto atravesó el Congreso, los tribunales y las calles. Lo que comenzó como un reclamo presupuestario se convirtió en una discusión sobre las prioridades del país y el cumplimiento de las decisiones institucionales.
La universidad pública argentina lleva más de dos años obligada a defender las condiciones que necesita para funcionar. En ese recorrido hubo movilizaciones multitudinarias, clases públicas, paros, leyes aprobadas, vetos presidenciales y resoluciones judiciales. Sin embargo, el conflicto continúa abierto. La persistencia del reclamo expone una contradicción cada vez más difícil de justificar: las instituciones educativas deben seguir enseñando, investigando y formando profesionales mientras reclaman que el Estado cumpla con el financiamiento dispuesto por sus propios mecanismos democráticos.
La primera gran señal de alarma apareció en 2024. El inicio de la gestión de Javier Milei, con un presupuesto prorrogado y una fuerte inflación acumulada, deterioró la capacidad de las universidades para afrontar sus gastos. Las advertencias sobre servicios, mantenimiento y salarios salieron de los consejos superiores y llegaron a la sociedad. El 23 de abril se realizó la primera Marcha Federal Universitaria, con manifestaciones en distintos puntos del país. Mendoza tuvo una convocatoria que la UNCUYO estimó en más de 40.000 personas. La defensa de la educación superior había desbordado ampliamente los límites de las aulas.
Las respuestas presupuestarias parciales no desactivaron la discusión. La actualización de fondos para funcionamiento no resolvía por sí sola el deterioro de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes. El conflicto comenzó entonces a mostrar su dimensión más profunda: una universidad puede mantener encendidas sus luces y, al mismo tiempo, perder a quienes enseñan, investigan y sostienen su actividad cotidiana.
Durante aquel año, el reclamo encontró una primera respuesta legislativa. El Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario, pero Milei la vetó. El 2 de octubre, una segunda marcha federal volvió a expresar el respaldo social a las universidades. Una semana después, Diputados no reunió los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial. El Gobierno consiguió sostener el veto gracias al acompañamiento de otros sectores parlamentarios. La mayoría favorable al financiamiento no alcanzó para convertir esa voluntad en una obligación efectiva.
En 2025, la discusión regresó al Congreso. El 21 de agosto fue sancionada la Ley 27.795, que contempló recomposición de gastos de funcionamiento, recuperación salarial, actualización de becas y recursos para distintas actividades universitarias. La norma también incluyó controles de la Auditoría General de la Nación y mecanismos presupuestarios para afrontar las erogaciones. Financiamiento y rendición de cuentas quedaron incorporados en el mismo texto.
El Ejecutivo volvió a vetar la iniciativa. Esta vez, sin embargo, el desenlace parlamentario fue diferente. El 17 de septiembre, en coincidencia con la tercera Marcha Federal Universitaria, Diputados rechazó el veto; el Senado completó la insistencia el 2 de octubre. Ambas cámaras alcanzaron las mayorías agravadas exigidas por la Constitución. La diferencia con 2024 resulta fundamental: el Gobierno había perdido la posibilidad de frenar esa ley mediante el veto presidencial.
Pero la promulgación tampoco cerró el conflicto. Mediante el Decreto 759/2025, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación quedaba condicionada a la determinación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. Su argumento fue la defensa del equilibrio fiscal y la insuficiencia de las previsiones presupuestarias. Para las universidades, aquella decisión prolongaba por otra vía el bloqueo de una norma que el Parlamento acababa de ratificar.
La controversia pasó entonces a los tribunales. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para exigir la aplicación de los artículos vinculados con salarios y becas. La decisión fue confirmada en segunda instancia y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso del Estado, dejando firme esa protección. Es necesario distinguir los alcances: aquella intervención sostuvo la cautelar sobre esos artículos, sin resolver todavía la totalidad del debate de fondo.
Mientras avanzaba el expediente, la protesta social continuaba. El 12 de mayo de 2026 se realizó la cuarta marcha federal. En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional denunció una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026 y una pérdida salarial del 37,13% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Esas cifras, presentadas por el organismo universitario, permiten dimensionar el reclamo: detrás de cada porcentaje hay dedicaciones que se reducen, dificultades para sostener equipos y estudiantes que necesitan ayuda para continuar sus carreras.
En octubre llegó otro capítulo judicial. Cormick se pronunció sobre el fondo del conflicto en primera instancia, declaró inconstitucional el condicionamiento dispuesto por el decreto y ordenó implementar la ley. El Gobierno anunció que apelaría. Esa sentencia amplió el alcance de la discusión respecto de la cautelar anterior, aunque no debe confundirse con una resolución definitiva de todas las instancias judiciales.
El jueves 15 de octubre, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a llevar el reclamo a las calles. Autoridades, sindicatos y estudiantes insistieron en una exigencia que resume la evolución del proceso: después de reclamar recursos y promover una ley, debieron movilizarse para exigir su cumplimiento. En Mendoza también hubo manifestaciones, expresión de una preocupación que atraviesa a las provincias.
Para San Rafael, esa discusión tiene consecuencias concretas. Sostener la educación superior significa ampliar las posibilidades de estudiar cerca del hogar, formar profesionales para la región y vincular el conocimiento con las necesidades productivas y sociales del sur mendocino. Cuando esas capacidades se debilitan, el perjuicio alcanza a familias, empresas e instituciones que necesitan de ellas.
El equilibrio fiscal merece una discusión seria, al igual que la transparencia en el uso del dinero público. Pero esa discusión debe producir soluciones compatibles con las leyes y las decisiones judiciales. La responsabilidad política del Gobierno consiste en resolver cómo sostener el sistema, y la de cada legislador, en hacerse cargo de sus votos y de sus consecuencias.
Después de dos años de movilizaciones y de un extenso recorrido institucional, la comunidad universitaria sigue esperando respuestas efectivas. Un país que obliga a sus universidades a dedicar semejante esfuerzo a defender su funcionamiento está comprometiendo mucho más que una partida presupuestaria: está desgastando una de sus principales herramientas para construir futuro.
