El lunes pasado se conmemoró el Día Mundial del Hábitat. La fecha, establecida por la ONU, sirvió este año (bajo el lema “Vivienda para todos: un mejor futuro urbano”) para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda digna.
La pandemia de Covid-19 nos ha recordado con palmaria evidencia que el hogar es mucho más que un techo. Un hogar debe ser seguro para permitirnos seguir trabajando, aprendiendo, con acceso a servicios básicos e infraestructura para las medidas de higiene, y con suficiente espacio para el distanciamiento físico. También debe estar ubicado en un lugar que permita a los residentes acceder a espacios públicos verdes y abiertos, oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otras instalaciones sociales.
Se estima que desde antes de la pandemia, 1.800 millones de personas ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales, viviendas inadecuadas o sin hogar en las ciudades de todo el mundo. Es probable que ahora experimenten aun más problemas de salud debido a la ausencia de servicios básicos, espacio para el autoaislamiento y la exposición a múltiples peligros socioeconómicos y ambientales, incluidos disturbios y violencia, inundaciones, incendios y contaminación.
Las desigualdades estructurales han salido a la luz de manera inquirente a través de la pandemia. Es evidente cómo muchas personas se ven afectadas de manera desproporcionada por la precariedad de sus inmuebles, el hacinamiento o, directamente, la falta de vivienda.
La vivienda es un derecho humano y un catalizador de todos los demás derechos fundamentales. En nuestro país, el déficit habitacional es preocupante y hasta dramático para sus protagonistas. En ese sentido, es imperativo que las familias de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables tengan acceso a viviendas más seguras y asequibles y, para ello, las políticas públicas deberán ir en consonancia de forma urgente.
