La oferta oficial para que Mendoza compre acciones de Impsa ya circula por algunos despachos importantes de Casa de Gobierno. Se trata del paso posterior a la asamblea realizada la semana pasada, donde los controlantes de la multinacional aprobaron la emisión de nuevos títulos por 20 millones de dólares, que fueron ofrecidos exclusivamente a la Nación y al Ejecutivo provincial.
“Es prematuro decir qué vamos a hacer, no tenemos respuestas definitivas”, explicó este martes el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, quien de todas maneras está convencido de la necesidad de sostener a Impsa, una de las mayores empresas tecnológicas de la región. «No se puede caer por el impacto que eso significaría. Más allá de los ‘fierros’, tiene un capital humano muy valioso”, agregó el funcionario.
Vaquié no confirmó ni descartó el interés de Mendoza por formar parte de la emblemática compañía. Aunque aclaró que «el costo de no participar es alto» por lo que representa la compañía para Mendoza. «Es muy complicado si Impsa cierra», señaló.
¿Por qué duda entonces el gobierno de Mendoza para dar el sí? Una de las razones importantes -pero no la única- es que no tiene fondos para comprar el 25% de esas acciones ofrecidas por Impsa, con las que la empresa busca capitalizarse y avanzar en su recomposición financiera y económica para sostener proyectos nacionales e internacionales.
Según trascendió, 15 de los 20 millones de dólares en acciones de Impsa -correspondientes a una nueva Clase C- los tiene que aportar el Gobierno Nacional, que ya participa en la firma a través del Banco Nación y del BICE. El resto debe correr por cuenta de Mendoza, pero Vaquié admitió que «no estamos en condiciones de poner 5 millones de dólares».
El plan de las autoridades locales es que la Casa Rosada financie el ingreso de la Provincia al directorio de Impsa. «Todo es parte de una negociación», agregó el ministro.
Las condiciones
Aceptar la propuesta de Impsa y conseguir el auxilio de la Nación para comprar acciones son pasos claves pero no suficientes. En el gobierno de Mendoza además plantean otras exigencias: «Nos tienen que garantizar que la empresa se quedará en Mendoza, por 25 o 30 años al menos», dijo Vaquié.
Si bien los funcionarios mendocinos juran que no existen intenciones para mudar a Impsa de la provincia, prefieren ser cautos y evitar sorpresas en tal sentido. Es que de concretarse el negocio como pretende la empresa, el gobierno nacional va a manejar el 70% del capital y tomaría todas las decisiones. Mendoza, por su parte, tendría un director y un síndico.
Otra demanda de Mendoza se relaciona con la necesidad de evitar posibles abusos en las contrataciones. «Vamos a exigir una cláusula para que Impsa no se convierta en una bolsa de empleo», afirmó Vaquié.
El gobierno provincial además considera que otros problemas de Impsa es «la falta de trabajo» y de una garantía nacional para poder competir en licitaciones en el exterior.
En cuanto a las obras, destacan la posibilidad de que la empresa participe en la construcción de Portezuelo del Viento y de turbinas de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, entre otros emprendimientos eólicos y nucleares.
Pero Mendoza buscará más herramientas para fortalecer las opciones de Impsa, como «una legislación nacional para la entrega de avales que le permitan competir en el exterior».
Si bien no existen plazos para entregar una respuesta, la intención del gobierno nacional es aceptar la oferta y comprar acciones en los próximos 30 a 45 días. En Mendoza los tiempos son otros, ya que el posible acuerdo tendrá que ser aprobado por la Legislatura.
En tanto, Impsa ya tiene en claro sus próximos pasos. En caso de conseguir fondos estatales para capitalizarse, comenzará un proceso de cotización y listado de sus títulos «a fin de posibilitar a los actuales Beneficiarios de los Fideicomisos de Acciones de la Sociedad la venta de sus tenencias en el mercado». Ese procedimiento demandará de 18 a 24 meses desde la capitalización de la empresa.
Una empresa en crisis
Impsa cuenta actualmente con más de 700 empleados y perteneció a la familia Pescarmona desde su fundación en 1907 hasta 2018, cuando pasó a ser controlada por un fideicomiso de inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas) y nacionales (Banco de la Nación Argentina, BICE y tenedores de ON, entre otros).
La debacle de la ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona (ahora Impsa a secas) comenzó en 2014, a raíz principalmente de riesgosas inversiones en Brasil y multimillonarias deudas del gobierno venezolano.
Además la empresa quedó involucrada en la causa conocida como «cuadernos de la corrupción»: según reconoció el propio Enrique Pescarmona, pagó coimas a exfuncionarios kirchneristas para destrabar pagos bloqueados por el régimen chavista.
Pescarmona perdió el control de la empresa y los nuevos dueños lograron renegociar su deuda. Además comenzaron un proceso de venta, que se frustró en medio de la pandemia.
Mientras se mantenía la asistencia estatal, los nuevos controlantes buscaron otra estrategia para capitalizar a Impsa. Y apuntaron a ceder el manejo de la empresa a los gobiernos nacional y mendocino, a través de la venta de nuevas acciones.
