En la mayoría de los países, pero en los subdesarrollados como el nuestro con particular claridad, los sectores poderosos de la sociedad someten a diario a las franjas más vulnerables, la riqueza se concentra en pocas personas y la pobreza se distribuye en altísimos porcentajes de la población. El resultado es tan previsible como injusto: los perjudicados de siempre están excluidos para siempre de la posibilidad de participar del circuito de bienes necesarios para la subsistencia y, por tanto, su dignidad y sus derechos humanos se ven irrespetados permanentemente.
La inequitativa distribución de recursos y oportunidades ha generado que las desigualdades se tornen estructurales, potenciando la exclusión en niveles escalofriantes. Y si bien todos parecimos estar en un pie de igualdad frente a la enfermedad, los más desprotegidos –por ser las víctimas del sistema antes descripto- fueron los más perjudicados.
En algún momento pensamos en la posibilidad de un orden social más justo y equitativo para cuando la pandemia ya fuera historia, que contuviera las necesidades de todos los sectores. En este nuevo contrato social, ningún sector humano debía quedar afuera y los “siempre olvidados” debían poder ser protagonistas en ese nuevo diseño. Para ello, reclamábamos, las autoridades debían tomar la decisión política, los dirigentes sociales (empresarios, sindicalistas, etc.) dejar de lado sus intereses sectoriales en pos del bien común y los habitantes concretar nuestro aporte al objetivo.
La salida de la crisis del coronavirus parece mostrar un escenario, no solo igual de injusto que antes de la pandemia, sino que éste pareciera profundizar sus infames inequidades. Lamentablemente, pareciera ser que la oportunidad para intentar mejorar no ha sido aprovechada. Incluso más, los modelos de exclusión y concentración se expanden por el mundo y –lo que es más llamativo aún- acompañados por los votos de cientos de millones de (vaya paradoja) excluidos.
