Tal como informáramos en nuestra edición de ayer, la Dirección General de Escuelas (DGE) motoriza por estos días una campaña para asegurar la aplicación práctica y efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas mendocinas. La ESI debería haber sido una constante desde 2006, cuando la ley 26.150 estableció que era obligatoria en la educación formal. A casi 15 años de vigencia de esa letra legal, ella es aún –y valga la paradoja– una materia pendiente.
Miguel Conocente, titular de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares de la DGE, declaró días atrás a Diario San Rafael que aún hoy hay muchos mendocinos que piensan que dentro de las aulas se tocarán temas o se hablará de cuestiones que nada tienen que ver con lo correcto, y explicó que en realidad “la ESI sirve para prevenir abusos sexuales, para prevenir la violencia de género, para incluir a las familias en el desarrollo integral de las instancias de la adolescencia; que promueve el respeto por la diversidad, etcétera. Me parece que es interesante ponerla en juego para empezar a bajar estos mitos que han circulado tanto y que circulan todavía”.
El funcionario admitió que en 2018 hubo en Argentina una fuerte campaña de desinformación respecto de la aplicación de la ESI, dándose a conocer información falsa o sesgada que llevó a que muchos coterráneos –sobre todo padres de los alumnos– se opusieran desde el desconocimiento o desde algunos fanatismos al dictado de la materia.
Probado está que, más allá de visiones sectoriales o interesadas que nada tienen que ver con la realidad moderna, la ESI ayuda a que los niños entiendan qué es lo bueno y qué no frente a la sexualidad, pudiéndoles incluso ayudar a evitar abusos sexuales, embarazos no deseados o violencias de género, por caso. Hasta ahora, las presiones externas pudieron más y así tuvimos que esperar más de una década y media para que esas enseñanzas sean brindadas masivamente. Así nos va…
