El presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se lleva registro (1997), y la caída interanual en su ejecución es del 34,4%. El dato surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
El análisis reveló el complejo panorama económico que enfrentan las casas de altos estudios para garantizar su funcionamiento, como consecuencia de la decisión del Gobierno mileísta de prorrogar el Presupuesto 2023 y profundizar el recorte de fondos sobre el ámbito educativo, frente a un escenario de fuerte inflación que llegó al 287,9% interanual en marzo.
Desde la Acij precisaron que «la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior implica una reducción del 72% en términos reales para desarrollo de la educación superior», por lo que aseguraron que, «de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa».
Al especificar el impacto de la reducción de las partidas en los distintos sectores, el informe indica que «dentro del programa de desarrollo de la educación superior la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende». De hecho, en San Rafael, desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo se graficó que en tres meses y medio ya se ha gastado el 70% de los recursos asignados para todo el año.
Por esta situación los rectores salieron a manifestar su disconformidad con la medida, urgiendo soluciones para evitar, en principio, la suspensión de actividades que están en pleno desarrollo y, aún más, perjudicar la calidad educativa.
Esta realidad hace recordar ese tiempo de la década del ‘90, en el que los reclamos de docentes, estudiantes y no docentes era moneda corriente, pidiendo el resguardo de su fuente de trabajo y de la calidad de los esquemas educativos.
La educación superior es clave para un país que busca el desarrollo. Ahora, lamentablemente, se está tomando otro camino.
