Esta semana, un nuevo hecho volvió a poner en el centro del escenario de las discusiones el fenómeno de la mal llamada “justicia por mano propia”. Jorge Adolfo Ríos, un jubilado de 71 años, baleó a Franco Martín Moreyra (26), un joven que había entrado a su casa, en Quilmes, con fines de robo. Moreyra murió minutos después y la autopsia reveló que había recibido dos disparos que ocasionaron su deceso.
La polémica no tardó en surgir, tal como ocurre cada vez que un hecho como el descripto aparece en el seno de nuestra sociedad, e hizo volver a evidenciar que la discusión se acentúa y se profundiza pero los sucesos siguen ocurriendo. Los robos y las “justicias por mano propia” se repiten y las controversias también.
Así, en uno de los rincones del habitual ring que habitamos los argentinos, se encuentran quienes ven en el accionar de Ríos hoy y de otros tantos en otras ocasiones la respuesta lógica ante el hartazgo ciudadano frente a lo injusto del delito habitual; y en el otro, quienes consideran que no se puede tender a una “ley de la selva” donde cada uno de nosotros defienda sus derecho a punta de arma puesto que, en ese caso, la convivencia ciudadana sería mucho más conflictiva que lo que actualmente es.
Está claro que nuestra convivencia ciudadana se ha visto agraviada profundamente por delitos numerosos y graves, y que la escala de valores que debería regir nuestra vida social se ha trastocado en gran medida por la degenerante actuación de quienes viven fuera de la ley. También es evidente que muchas veces la actuación de los organismos destinados a impartir justicia ha mostrado las falencias necesarias como para que algunos ciudadanos se sientan desamparados. No obstante, la violencia privada utilizada para “reprimir” hechos ilegales –enmarcada falsamente en la figura de “justicia por mano propia”, puesto que de Justicia formal nada tiene– no deja de ser otro hecho que está fuera de la ley. Y un delito no se enmienda ni se castiga con otro, sino que son dos delitos.
