La crisis en su versión casi extrema viene marcando el ritmo de la economía y de las empresas. La desregulación total aplicada por el gobierno de Milei habilitó el juego de la oferta y demanda, aunque en un contexto inflacionario. Y es ahí donde la cuestión se complicó, teniendo en cuenta que hoy es el mercado el regulador de los indicadores y no el Estado, el que acostumbró a tener precios de referencia y salarios con esa misma premisa. Y es en este contexto que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas experimentaron en enero una significativa disminución, del 28,5 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. A la herencia recibida, la administración mileísta le adosó una feroz devaluación en diciembre, el fin de los acuerdos de precios y una nueva ola de aumentos que llevaron la inflación al récord del 25,5 %. Resultado: contracción del consumo. De allí que las caídas de ventas en supermercados y mayoristas ya es más que evidente. Y lógica… Queda claro que el cambio de paradigma propuesto desde el Gobierno nacional modifica los parámetros a la hora de la comercialización de productos, que se rigen básicamente por las reglas de mercado sin intervención del Estado, más allá de programas lanzados en los últimos días. La situación plantea mucho más que eso, imponer la cultura del libre mercado en todos los aspectos de la vida cotidiana, y ahí radicará seguramente un choque ante tanto tiempo de controles. Pero más allá de los intentos de modificaciones filosóficas, la situación coyuntural es complicada, con aumentos que no se condicen con el poder del salario, y una necesaria revisión y acción respecto a este punto ante la necesidad de la población. El bolsillo seguirá siendo el órgano más sensible. Eso no es una realidad argentina sino de varias sociedades más. Y, en ese sentido, el acompañamiento popular que tuvo en las urnas y habitualmente refiere la dirigencia cercana al presidente Milei, muy probablemente comience –también- a retraerse.
